La Oficina del Inspector General del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (OIG-HUD, por sus siglas en inglés), le sigue los pasos a los presuntos autores de uno de los fraudes hipotecarios más grandes que se haya registrado en la Isla.
Entre los presuntos perpetradores del fraude se encuentran más de un centenar de notarios, contadores, corredores de bienes raíces, tasadores, inversionistas y banqueros hipotecarios y ejecutivos en bancos comerciales, según alegan los investigadores.
A la fecha, la OIG-HUD ha identificado unos 200 préstamos hipotecarios aprobados por bancos hipotecarios y comerciales, en los que se presentó documentación falsa, desde estados financieros y planillas hasta tasaciones.
La pesquisa está lo suficientemente adelantada como para radicar acusaciones y diligenciar arrestos a finales de este año, aseguró el investigador José Laureano, durante un adiestramiento de prevención de fraude. Allí, el perito en fraude recordó a los profesionales dedicados a la originación y aprobación de hipotecas en la Isla, que hacerse de la vista larga al no denunciar este tipo de violación, también puede constituir delito. Las acusaciones y arrestos podrían extenderse hasta el año entrante, agregó.
El agente indicó que los casos son separados a los ya divulgados por las autoridades federales y entre los que figuran los fraudes articulados por New York Mortgage Bankers, Beneficial Mortgage y las acusaciones contra el desarrollador Joseph McCloskey Díaz y otros.
El alcance del fraude
De acuerdo con Laureano, las primeras acusaciones estarían asociadas a unos 52 préstamos, por los cuales, se estiman pérdidas potenciales de entre $6 millones y $7 millones. Los préstamos fraudulentos habrían sido radicados bajo diversos programas como los que gestiona la Administración Federal de Vivienda (FHA), Veteranos y también incluyen préstamos convencionales. Estos, según se indicó, habrían sido procesados por bancos hipotecarios y por las divisiones o filiales hipotecarias de bancos comerciales.
Existe una mentalidad de que se puede cometer fraude hipotecario sin consecuencias, señaló el investigador al instar a la ciudadanía o profesionales a que ofrezcan información si la poseen.
El dinero no puede ser excusa para permitir que pase la irregularidad y eso no está muy claro en alguna gente en la industria, continuó el investigador.
El fraude en Puerto Rico se ha transformado de una actividad de dos o tres personas a grupos altamente sofisticados, señaló Laureano al explicar que, en parte, la operación de fraude hipotecario tiene semejanzas con las organizaciones de narcotráfico.
Según Laureano, en los pasados años, en el segmento hipotecario se incurrió en una práctica de abuso a la cultura del amiguismo.
Esto es conozco a Fulanito que me ha traído mucho negocio. Eso pasa todos los días, dijo Laureano mientras dejaba entrever que pese a la pesquisa, todavía se repite la práctica.
Mar de trampas
De acuerdo con Laureano, las tretas que se utilizaron para cometer los fraudes en Puerto Rico incluyen haber provisto información falsa con relación al ingreso del solicitante, incluyendo falsificar las verificaciones de empleo, estados de cuenta y ahorros bancarios.
También han identificado planillas falsas y estados financieros falsos.
Asimismo, los investigadores encontraron pagarés falsos, tasaciones falsas o infladas, certificaciones por trabajos de remodelación que no se llevaron a cabo o que no costaron lo que se facturó.
De igual forma, Laureano sostuvo que otra práctica identificada ha sido el pedido de dinero a cambio o cash back. En esta práctica la venta en los documentos de compraventa es de una cuantía determinada, pero en realidad, el precio del inmueble fue menor, por lo que el vendedor al recibir el dinero de la transacción, devuelve parte o la totalidad del exceso del precio al comprador.
El Nuevo Día inquirió a Laureano si la pesquisa incluía el pago de sobornos por parte de notarios o tasadores a oficiales bancarios, a fin de que estos les dieran negocio, pero el investigador declinó confirmar o negar si la investigación incluía ese aspecto.
También rehusó indicar si la pesquisa incluye a sociedades especiales, que según fuentes de este diario, compraban las propiedades en proyectos nuevos, para luego revenderlas horas más tarde, inflando los precios de los inmuebles.
Laureano tampoco quiso precisar si la pesquisa abarcaba transacciones en los tres bancos que cerraron operaciones hace un año. Solo señaló que hay casos identificados en las divisiones hipotecarias de bancos comerciales y en bancos hipotecarios; que algunos de los posibles arrestados son exempleados bancarios y otros continúan en sus puestos.
Faena compleja
De consumarse las acusaciones, el operativo representaría el fruto más contundente desde que hace unos dos años, se creó un grupo de trabajo interagencial, integrado por la OIG-FHA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto y el Servicio de Rentas Internas federal, entre otras agencias federales. En el grupo de trabajo, la única agencia del gobierno estatal que participa es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Según Laureano, el proceso de formalizar acusaciones tarda porque las investigaciones por fraude son en extremo complejas y técnicas. Estas podrían tardar entre seis meses hasta dos años.
Articulo de: endi.com
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