Desde el compromiso del gobierno para revitalizar los centros urbanos con el programa infill-housing hasta el reenfoque de los desarrolladores de ir hacia el mercado de residencias asequibles de interés social y de alquiler, fueron parte de la reflexión del reciente Congreso de Vivienda 2013. Por Nelson Gabriel Berríos / Especial para Construcción
Las diferentes alternativas para impulsar la construcción de viviendas en la Isla, desde el compromiso del gobierno para revitalizar los centros urbanos con el programa infill-housing hasta el reenfoque de los desarrolladores de ir hacia el mercado de residencias asequibles de interés social y de alquiler, fueron parte de la reflexión del reciente Congreso de Vivienda 2013.
Estamos comprometidos con la transformación de Puerto Rico y la vivienda es un componente fundamental en nuestro proyecto de país, planteó el gobernador Alejandro García Padilla ante empresarios y desarrolladores que se reunieron en el Hotel Sheraton en el 21er Congreso de Vivienda, auspiciado por la Asociación de Bancos.
Entre las iniciativas del gobernado está el repoblar los centros urbanos a través del programa infill-housing, que busca recuperar solares baldíos o con estructuras abandonadas que se declaren estorbos públicos para convertirlas en espacios de vivienda que armonicen con su entorno.
El mercado para estas viviendas irá dirigido a vivienda de alquiler, con énfasis en las personas de 60 años o más, estudiantes universitarios, policías y otros empleados públicos que viven en lugares lejanos a sus hogares, jóvenes que recién inician sus carreras profesionales, y extranjeros que han sido trasladados temporalmente por sus empresas a nuestro país, explicó García Padilla.
El gobernador intentó inyectar optimismo a los miembros de la industria de construcción, que ha sido muy afectada por la crisis económica de los pasados años.
García Padilla comparó el pesimismo con el cigarrillo que se vende caro, se vende bien, envicia y nos mata. Instó a romper con el vicio del pesimismo e imitar a empresarios que en los peores momentos económicos, deciden no ser parte de la recesión.
En otras ponencias, el economista Joaquín Villamil, de Estudios Técnicos, atribuyó a la migración poblacional y a la crisis económica que el mercado de vivienda se haya reducido tan dramáticamente en la Isla. Por su parte, Graham Castillo, presidente de Estudios Técnicos, expuso cómo las quiebras y la merma de población contribuyeron a que en el 2012 hubiera una reducción de 18% en las compras de viviendas y de 32% en el caso de viviendas nuevas.
Castillo, sin embargo, advirtió que sí se debe repensar el ofrecimiento de la industria ya que hay unas necesidades de vivienda que están sin atender en Puerto Rico y brindó las siguientes estadísticas: 3,400 personas sin hogar que necesitan albergues de emergencia y viviendas transitorias; 64,422 personas de mayor edad jefes de hogares con alguna carga de vivienda; 110,000 unidades de vivienda de calidad inferior que deberían ser sustituidas; 234,000 hogares con ingreso menores a $20,000 con gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos; 14,000 personas en listas de espera para vivienda pública y Sección 8 y 14,212 nuevas familias con ingresos bajos que cualificarían para programas federales de vivienda en cinco años.
En uno de los paneles del Congreso, el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Roberto Trápaga compartió con el secretario de Vivienda, Rubén Ríos, con el subsecretario de Vivienda Luis Ortiz, con el representanta Carlos Vargas Ferrer y el senador Jorge Suárez. En el mismo Trápaga recalcó la necesidad de innovación y la coperación entre gobierno y el sector privado para crear hogares de precios asequibles que promuevan una mejor calidad de vida.
Trápaga planteó que hay que cambiar el panorama de las viviendas de precio grande cuando el bolsillo es pequeño. Todavía las casas están en sobre $80,000. La familia con salario mínimo solo puede comprar una casa de menos de $70,000, que ahora mismo es imposible de construir, comentó.
Ante eso, explicó Trápaga, hace falta que el gobierno enmiende códigos de construcción de las unidades de mayor demanda (para construir con materiales menos costosos, entre otras cosas), que se hagan más walk ups, townhouses y row houses (dúplex) para abaratar costos y adoptar métodos innovadores de viviendas temporeras como trailers y casas rodantes para ciertas personas necesitadas de alojamiento urgente (por ejemplo, adictos a drogas que salen de un programa de rehabilitación y no deben estar deambulando).
En la discusión con desarrolladores, surgió el tema de cómo los municipios pueden ayudar a que los desarrolladores bajen sus costos de construcción con tal de que el proyecto de viviendas se dé, pues a la larga va a ser muy positivo para el pueblo. El secretario de la Vivienda comentó que en su caso ha intervenido de manera amigable exhortando a los alcaldes a que le den incentivos a los desarrolladores y que, por ejemplo, eliminen los costos iniciales del arbitrio de construcción.
A preguntas del público, los legisladores Vargas Ferrer y Suárez se comprometieron a desarrollar una serie de medidas como mantener un programa de incentivos para la compra de viviendas como el actual Mi Casa Propia. Otros de los proyectos son para agilizar el proceso de declarar estorbos públicos a estructuras donde se puedan desarrollar viviendas así como otro para hacer más expedito el proceso de desahucio de personas con capacidad de pago para no perjudicar a los dueños de estructuras de alquiler.
Al rescate de la industria de la vivienda
Por Nelson Gabriel Berríos / Especial para Construcción
Las diferentes alternativas para impulsar la construcción de viviendas en la Isla, desde el compromiso del gobierno para revitalizar los centros urbanos con el programa infill-housing hasta el reenfoque de los desarrolladores de ir hacia el mercado de residencias asequibles de interés social y de alquiler, fueron parte de la reflexión del reciente Congreso de Vivienda 2013.
Estamos comprometidos con la transformación de Puerto Rico y la vivienda es un componente fundamental en nuestro proyecto de país, planteó el gobernador Alejandro García Padilla ante empresarios y desarrolladores que se reunieron en el Hotel Sheraton en el 21er Congreso de Vivienda, auspiciado por la Asociación de Bancos.
Entre las iniciativas del gobernado está el repoblar los centros urbanos a través del programa infill-housing, que busca recuperar solares baldíos o con estructuras abandonadas que se declaren estorbos públicos para convertirlas en espacios de vivienda que armonicen con su entorno.
El mercado para estas viviendas irá dirigido a vivienda de alquiler, con énfasis en las personas de 60 años o más, estudiantes universitarios, policías y otros empleados públicos que viven en lugares lejanos a sus hogares, jóvenes que recién inician sus carreras profesionales, y extranjeros que han sido trasladados temporalmente por sus empresas a nuestro país, explicó García Padilla.
El gobernador intentó inyectar optimismo a los miembros de la industria de construcción, que ha sido muy afectada por la crisis económica de los pasados años.
García Padilla comparó el pesimismo con el cigarrillo que se vende caro, se vende bien, envicia y nos mata. Instó a romper con el vicio del pesimismo e imitar a empresarios que en los peores momentos económicos, deciden no ser parte de la recesión.
En otras ponencias, el economista Joaquín Villamil, de Estudios Técnicos, atribuyó a la migración poblacional y a la crisis económica que el mercado de vivienda se haya reducido tan dramáticamente en la Isla. Por su parte, Graham Castillo, presidente de Estudios Técnicos, expuso cómo las quiebras y la merma de población contribuyeron a que en el 2012 hubiera una reducción de 18% en las compras de viviendas y de 32% en el caso de viviendas nuevas.
Castillo, sin embargo, advirtió que sí se debe repensar el ofrecimiento de la industria ya que hay unas necesidades de vivienda que están sin atender en Puerto Rico y brindó las siguientes estadísticas: 3,400 personas sin hogar que necesitan albergues de emergencia y viviendas transitorias; 64,422 personas de mayor edad jefes de hogares con alguna carga de vivienda; 110,000 unidades de vivienda de calidad inferior que deberían ser sustituidas; 234,000 hogares con ingreso menores a $20,000 con gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos; 14,000 personas en listas de espera para vivienda pública y Sección 8 y 14,212 nuevas familias con ingresos bajos que cualificarían para programas federales de vivienda en cinco años.
En uno de los paneles del Congreso, el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Roberto Trápaga compartió con el secretario de Vivienda, Rubén Ríos, con el subsecretario de Vivienda Luis Ortiz, con el representanta Carlos Vargas Ferrer y el senador Jorge Suárez. En el mismo Trápaga recalcó la necesidad de innovación y la coperación entre gobierno y el sector privado para crear hogares de precios asequibles que promuevan una mejor calidad de vida.
Trápaga planteó que hay que cambiar el panorama de las viviendas de precio grande cuando el bolsillo es pequeño. Todavía las casas están en sobre $80,000. La familia con salario mínimo solo puede comprar una casa de menos de $70,000, que ahora mismo es imposible de construir, comentó.
Ante eso, explicó Trápaga, hace falta que el gobierno enmiende códigos de construcción de las unidades de mayor demanda (para construir con materiales menos costosos, entre otras cosas), que se hagan más walk ups, townhouses y row houses (dúplex) para abaratar costos y adoptar métodos innovadores de viviendas temporeras como trailers y casas rodantes para ciertas personas necesitadas de alojamiento urgente (por ejemplo, adictos a drogas que salen de un programa de rehabilitación y no deben estar deambulando).
En la discusión con desarrolladores, surgió el tema de cómo los municipios pueden ayudar a que los desarrolladores bajen sus costos de construcción con tal de que el proyecto de viviendas se dé, pues a la larga va a ser muy positivo para el pueblo. El secretario de la Vivienda comentó que en su caso ha intervenido de manera amigable exhortando a los alcaldes a que le den incentivos a los desarrolladores y que, por ejemplo, eliminen los costos iniciales del arbitrio de construcción.
A preguntas del público, los legisladores Vargas Ferrer y Suárez se comprometieron a desarrollar una serie de medidas como mantener un programa de incentivos para la compra de viviendas como el actual Mi Casa Propia. Otros de los proyectos son para agilizar el proceso de declarar estorbos públicos a estructuras donde se puedan desarrollar viviendas así como otro para hacer más expedito el proceso de desahucio de personas con capacidad de pago para no perjudicar a los dueños de estructuras de alquiler.